El pleno del Consejo Constitucional aprobó diversas normas relacionadas con derechos sociales. Entre las disposiciones aprobadas se incluyen la propiedad de ahorros previsionales, la libertad de elección en salud, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la exención de contribuciones a la primera vivienda. Estos cambios han sido objeto de críticas por parte del oficialismo. Además, se limitó el derecho a la huelga en el sector privado y en la negociación colectiva. Sin embargo, se rechazó la posibilidad de que los bienes nacionales de uso público sean susceptibles de concesión.
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