La recién aprobada ley antievasión en Chile, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional y próxima a ser promulgada, introduce medidas significativas para fortalecer la transparencia fiscal y combatir el comercio informal. Una de las disposiciones más destacadas obliga a las instituciones bancarias a reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cualquier transacción que supere los 50 abonos a un mismo contribuyente en un mes, o 100 abonos en seis meses. Esta medida está diseñada para identificar actividades comerciales frecuentes realizadas en plataformas digitales como Instagram y Facebook Marketplace. Además, la ley impone nuevas regulaciones para supermercados y restaurantes para evitar la emisión de facturas de consumo personal a empresas. También introduce obligaciones más estrictas para el inicio de actividades y el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de proveedores de productos y servicios, incluidas las plataformas digitales. Se espera que estas normas mejoren la trazabilidad de las transacciones en efectivo que superen las 135 UF, con miras a reducir a 50 UF en el futuro, bajo la supervisión del Banco Central a partir del 1 de enero de 2025. Además, la ley crea una oficina de Crimen Organizado dentro del SII para perseguir la evasión tributaria ligada a actividades delictivas como el robo de automóviles y salmones. Estas medidas buscan no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también proporcionar una base más justa y transparente para la economía formal e informal, asegurando que todos los sectores contribuyan equitativamente al desarrollo y bienestar social de Chile.
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