La liberación condicional de Mauricio Ortega, condenado por agredir a Nabila Rifo, ha generado controversia tras revelarse una presunta negligencia del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Según informes, la víctima no fue asesorada ni notificada sobre la audiencia que discutió la libertad del agresor, lo que habría influido en la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ortega, sentenciado en 2017 a 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, entre otros delitos, fue liberado tras cumplir solo ocho años y dos meses, basándose en una conducta intachable y un bajo índice delictual, a pesar de un informe desfavorable de Gendarmería. El problema surgió tras la destitución de la abogada representante de Rifo, Beatriz Ramírez, en 2025, sin que se reasignara el caso, lo que impidió que la víctima recibiera notificaciones clave. La Corte había ordenado notificar personalmente a Rifo para que pudiera presentar alegaciones, pero esto no se cumplió, violando normas que garantizan el derecho de las víctimas a ser escuchadas en tales procedimientos. En respuesta, la ministra Antonia Orellana y la directora del SernamEG, Patricia Baeza, condenaron la resolución y anunciaron la interposición de recursos para revertirla, enfatizando que la falta de notificación afectó el debido proceso.
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