El Gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, un cambio que redefine la seguridad pública al otorgar a los municipios un rol legal explícito y atribuciones claras. Tras su tramitación en el Tribunal Constitucional, la ley establece funciones preventivas y coadyuvantes para los equipos de seguridad municipal, incluyendo actuaciones en flagrancia, patrullajes y labores preventivas, con una garantía administrativa para su ejercicio en el espacio público. La normativa especifica capacitación para inspectores, define labores autónomas como detención en flagrancia, incautación de mercancías ilegales y televigilancia, y tareas colaborativas con las policías, como controles de tránsito y patrullajes mixtos. Además, introduce un agravante penal por agresiones a inspectores y obliga a los municipios a dotarlos de elementos defensivos certificados. Para fortalecer capacidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones para elementos de protección, priorizando zonas vulnerables, y $208 millones para plataformas tecnológicas e interconexión de registros. Esto impacta la inversión local, la protección de funcionarios y la eficiencia en la gestión de seguridad, marcando un giro en la descentralización de la seguridad pública.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
