La muerte de una adolescente bajo custodia estatal en Punta Arenas ha desatado una investigación que pone en evidencia las fallas del sistema de protección a menores en situación de vulnerabilidad. El deceso ocurrió en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes, donde la joven se encontraba institucionalizada, según confirmó la Fiscalía, que describió su estado como «en situación de vulnerabilidad y en estado de grave desamparo». El Ministerio Público ha iniciado una investigación para determinar las causas de la muerte, adelantando que la autopsia se realizará bajo el protocolo de Minnesota, un método forense riguroso que busca precisar detalles médicos y legales. Este caso, ocurrido el 5 de febrero de 2026, ha llevado a las autoridades a revisar los procedimientos de custodia y atención en instituciones estatales, especialmente en contextos de salud mental. La relevancia de este suceso trasciende lo policial, impactando directamente en las políticas públicas de protección infantil y salud mental en Chile. La muerte de una menor bajo responsabilidad estatal genera preguntas críticas sobre la eficacia de los sistemas de cuidado, con posibles consecuencias en la asignación de recursos, reformas regulatorias y la confianza pública en instituciones como el Hospital Clínico de Magallanes y el Ministerio Público. Los próximos pasos dependerán de los resultados de la autopsia y la investigación en curso, que podrían derivar en acciones legales o ajustes en los protocolos de custodia para prevenir casos similares en el futuro.
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