“Cerca del 10% de quienes han recibido pensiones de gracia, por ser víctimas de apremios ocurridos durante el estallido social, contaban con antecedentes penales”, fue la confesión realizada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una nueva sesión celebrada este miércoles, por la comisión del Congreso que investiga estos beneficios estatales de la época. Según la autoridad, «durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social». Del total, «148 que fueron entregadas durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric». En ese sentido, Monsalve explicó que de este último grupo «40 personas registran antecedentes penales», todos «antecedentes antiguos y por delitos menores». En descargo de la responsabilidad que pudiera tener el Ejecutivo al haber dado estos beneficios, el subsecretario aclaró «En ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales», enfatizó. En cuanto a los montos entregados, Monsalve señaló que «la pensiones tienen en promedio un monto de 1,5 ingresos mínimo no remuneracionales, lo que se traduce es en torno a los $400 mil pesos».
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