En el contexto de la promulgación de la ley que reforma el sistema registral y notarial, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al caso de dos funcionarias del Registro Civil de Buin, detenidas por su presunta participación en un robo de 17 millones de pesos ocurrido el 11 de agosto. Las investigadas, identificadas como la jefa y subjefa de la oficina, enfrentan cargos por hurto y malversación culposa, tras una querella presentada por el organismo ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Gajardo subrayó que el Ministerio Público está conduciendo una investigación exhaustiva, y que será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades. El ministro advirtió que cualquier funcionario público involucrado en actos ilícitos deberá responder ante los tribunales, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad. Esta postura refuerza el compromiso del gobierno con la transparencia y el estado de derecho, asegurando que los procesos legales se sigan con rigor.
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