El ministro de Seguridad, Luis Cordero, lanzó una crítica frontal al proyecto de conmutación de penas que avanza en el Senado, calificándolo de “técnicamente deficiente” y “moralmente inaceptable”. En una entrevista radial, Cordero acusó a los autores de la moción de desconocer la práctica judicial reciente y advirtió que, al establecer criterios amplios como edad, enfermedad y discapacidad, el proyecto beneficiaría a unos 10.000 reclusos con enfermedades crónicas registrados por Gendarmería, contradiciendo la agenda de seguridad de los últimos años. El ministro cuestionó especialmente que la iniciativa no utilice los estándares de derecho internacional para abordar casos de condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes, según señaló, no han contribuido a las investigaciones. Cordero recordó que ya existen mecanismos judiciales para otorgar beneficios, sujetos a condiciones como la colaboración con las pesquisas y la situación de las víctimas, y que los jueces ya conceden beneficios en casos de enfermedades terminales o enajenación mental. La advertencia de Cordero pone en riesgo la viabilidad política del proyecto, que busca modificar el sistema penitenciario, y expone una fractura dentro del oficialismo respecto a cómo manejar la seguridad y los derechos de los reclusos. Su intervención, que incluyó también comentarios sobre cifras de homicidios a la baja y el caso del cable submarino chino, marca una línea clara del Ministerio de Seguridad frente a una iniciativa que considera un “indulto general encubierto”.
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