La ministra de Salud, Ximena Aguilera, interrumpió sus vacaciones para abordar públicamente la controversia generada por la cirugía de su madre de 87 años, realizada el 23 de diciembre en el Hospital del Salvador. En una conferencia de prensa, Aguilera negó categóricamente cualquier trato preferencial, afirmando que no solicitó privilegios durante la atención de urgencia por una fractura de cadera. La paciente fue operada 10 horas después de su ingreso, lo que ha desatado críticas políticas y amenazas de acusación constitucional, incluso desde sectores oficialistas. Aguilera detalló que se enteró del accidente mientras participaba en una actividad oficial en San Antonio, llegando al hospital horas más tarde. Enfatizó que no interfirió en los protocolos clínicos y que solo pidió una silla para su hermana. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, respaldó los criterios aplicados por el hospital, aunque anunció una auditoría para esclarecer los hechos, tras conocerse que otro paciente, cuya cirugía fue postergada, falleció posteriormente, aunque el hospital negó que la espera fuera la causa. La presión política se intensifica, con la oposición evaluando una acusación constitucional por posibles violaciones a la probidad. Aguilera descartó renunciar, señalando que cuenta con el respaldo del Presidente Gabriel Boric, quien ha mantenido su apoyo. Este caso pone a prueba la transparencia del gobierno y podría tener implicaciones significativas en la confianza pública y la estabilidad política.
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