La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha puesto en duda la efectividad y viabilidad de la gratuidad universitaria, una política emblemática en Chile. En una entrevista con CNN Chile, Arzola afirmó que este beneficio no ha logrado mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, señalando que en gran medida sustituyó recursos privados por públicos sin impactar significativamente el acceso. Además, destacó que el costo actual es más del doble de lo proyectado originalmente, lo que plantea serios desafíos de sostenibilidad financiera para el Estado. Arzola detalló medidas específicas para contener el gasto, como la restricción de la gratuidad para personas mayores de 30 años y para condenados por delitos graves en contextos educativos, como parte del proyecto «Escuelas Protegidas». Aclaró que quienes ya poseen el beneficio no lo perderán, independientemente de su edad, pero enfatizó la necesidad de abordar el gasto futuro. La ministra también mencionó que el gobierno del expresidente Gabriel Boric formó una comisión para analizar propuestas sobre este tema, de donde surgieron estas restricciones. Estas declaraciones tienen implicaciones profundas para el sistema educativo chileno, ya que cuestionan una política clave en términos de equidad y financiamiento.
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