La exministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, presentó su declaración en calidad de imputada en medio de una investigación sobre tráfico de influencias dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esta investigación se centró en la intentada compra de una propiedad histórica en Providencia, que había sido residencia del expresidente Salvador Allende, y que el gobierno quería transformar en museo. Fernández, junto a otros funcionarios, enfrentó cuestionamientos debido a la prohibición constitucional que les impedía celebrar contratos con el Estado, lo que culminó en su renuncia y la de otros involucrados tras la intervención del Tribunal Constitucional. Durante su testimonio, Fernández negó haber ejercido presión o haber estado directamente involucrada en las decisiones técnicas de la compraventa, aunque reconoció estar al tanto del proyecto gracias a su tía Isabel Allende. Declaró que no participó en reuniones decisivas ni influenció el proceso de adquisición que fue administrado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Bienes Nacionales. También aseguró que desconocía los detalles específicos del negocio, incluyendo el plan de pago, y que cualquier gestión administrativa fue manejada por terceros. Su declaración destacó la falta de conocimiento sobre la prohibición constitucional de su participación en contratos estatales, lo que sugiere una desvinculación con las irregularidades administrativas que culminaron en su renuncia.
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