La entrada en vigencia de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley Uber) podría desencadenar un colapso inmediato del servicio en Chile. El problema central es la falta de una plataforma tecnológica para el registro nacional de conductores, cuya implementación fue adjudicada recién a inicios de febrero a la empresa Arkhotech SpA, tras dos fracasos previos en la licitación. Esto deja un margen de tiempo extremadamente ajustado antes del término de la actual administración gubernamental, generando incertidumbre total entre los actores clave. Fabían Constanzo, presidente del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, advierte que sin el software, los trabajadores no podrán inscribirse y las plataformas se verían forzadas a un ‘blackout’ o apagón de sus servicios. Marcela Sabat, directora ejecutiva de la agrupación Alianza In que reúne a Uber, Cabify y Didi, cuestiona la viabilidad de implementar en semanas lo que no se logró en cuatro años. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, reafirmó el interés por avanzar, pero sin confirmar fechas concretas. El impacto sería masivo: aproximadamente 140.000 conductores que trabajan en las aplicaciones quedarían operando fuera del registro, exponiéndose a multas millonarias y al retiro de sus vehículos. Las propias plataformas enfrentarían la extinción de sus permisos para operar en el país.
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