La destitución repentina de Dina Boluarte como presidenta de Perú marcó un punto de inflexión en la política del país, evidenciando la fragilidad de las alianzas en un sistema corroído por la desconfianza. Tras asumir el cargo en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por un intento de autogolpe, Boluarte optó por aliarse con fuerzas conservadoras en el Congreso, en lugar de convocar elecciones anticipadas como demandaban las protestas masivas. Esta decisión, sumada a la represión que dejó más de 50 fallecidos, erosionó rápidamente su legitimidad y popularidad, que cayó a mínimos históricos del 3% de aprobación. A lo largo de su mandato, enfrentó múltiples investigaciones, incluyendo el escándalo del ‘Rolexgate’ por presuntos regalos de lujo a cambio de favores, y acusaciones de ocultar incapacidades médicas. Pese a la protección inicial del Legislativo, que la salvó de seis mociones de destitución, la combinación de impopularidad extrema, crisis de seguridad con aumento de la criminalidad y protestas lideradas por la Generación Z agotó la paciencia de sus aliados. Finalmente, el Congreso, con una aprobación ciudadana de apenas el 5%, decidió prescindir de ella para intentar recuperar credibilidad ante las elecciones de 2026, subrayando la inestabilidad política peruana y los riesgos de gobiernos dependientes de apoyos volátiles.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
