En una reunión del Consejo de Gabinete realizada tras las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, emitió una directiva clara a los funcionarios de confianza del gobierno actual: deben cesar en sus funciones después del traspaso de mando del 11 de marzo y no pueden postergar sus vacaciones más allá de esa fecha. Esta instrucción, respaldada con una presentación visual, especifica que los días libres deben utilizarse entre enero y febrero, prohibiendo el uso de días administrativos entre el 1 y el 10 de marzo. La medida busca facilitar una transición ordenada, permitiendo que las nuevas autoridades designen sus equipos sin interferencias. Este anuncio se produce en medio del debate sobre el proyecto de reajuste al sector público, denominado por la oposición como «ley de amarre», que exige fundamentar los despidos de funcionarios públicos a contrata de administraciones anteriores. Elizalde defendió la distinción entre funcionarios de confianza política y aquellos de carrera, señalando que solo estos últimos estarían cubiertos por dicha ley. Además, rechazó las amenazas de acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, argumentando que tales acciones son jurídicamente absurdas y que las diferencias deben resolverse en el voto legislativo.
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