La iniciativa gubernamental que busca regular los despidos en el sector público, conocida coloquialmente como ‘ley de amarre’, enfrenta un panorama adverso en el Congreso, con una falta de consenso que presagia su probable rechazo. Aunque surgió de un protocolo firmado por los ministros de Hacienda y del Trabajo con organizaciones sindicales, la propuesta ha generado críticas no solo en la oposición, sino también dentro del propio oficialismo, donde partidos como el PS y el PPD expresan fuertes reservas. En esencia, la norma obligaría a las autoridades a fundamentar legalmente las razones para no renovar contratos de funcionarios públicos a contrata, estableciendo criterios objetivos y procedimientos específicos. Sin embargo, su inclusión en la ley anual de reajuste del sector público, una medida de tramitación exprés, ha sido cuestionada por considerarse inadecuada para un debate de tal envergadura. Esto ha llevado a figuras clave, como la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a señalar la falta de consulta previa con los parlamentarios, esencial para garantizar su viabilidad legislativa. En el PPD, las objeciones son aún más profundas, con argumentos que apuntan a que la medida podría interpretarse como una ‘captura administrativa del Estado’, erosionando la responsabilidad política y debilitando el mérito en la gestión pública.
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