La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha lanzado una presión directa al Gobierno por lo que considera un retraso injustificado en la convocatoria para negociar el reajuste del salario mínimo. El gremio emplazó públicamente al Ejecutivo, señalando que la instancia de diálogo es una “oportunidad para devolver el poder adquisitivo” a los trabajadores, en un contexto donde los sueldos han crecido por encima de la inflación durante tres años consecutivos. La exigencia de abrir una mesa de negociación específica para el salario mínimo marca un punto de tensión en la relación laboral con la autoridad. La CUT no solo pide acelerar el proceso, sino que posiciona el tema como una prioridad para recuperar capacidad de compra, lo que implica una demanda concreta sobre la distribución económica. Este llamado ocurre en medio de otras discusiones laborales clave, como los dictámenes sobre la reducción de la jornada a 40 horas y el proyecto de sala cuna, donde el ministro Rau ha afirmado que “no avanzar no es una opción”. La presión de la CUT podría forzar al Gobierno a definir pronto su postura, impactando los costos laborales, la competitividad empresarial y el clima de inversión en un año económico complejo. El siguiente paso depende de la respuesta del Ejecutivo a esta exigencia. Si la mesa se abre, se iniciará una negociación que definirá el ingreso mínimo de millones de trabajadores y pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para equilibrar demandas sociales con sostenibilidad fiscal.
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