La caída del bitcoin ha puesto en jaque la estrategia financiera de El Salvador, complicando su acceso a crédito y su vínculo con el Fondo Monetario Internacional. El retroceso de la criptomoneda, que supera el 22% desde fines de enero, ha reducido el valor de las tenencias gubernamentales de aproximadamente US$800 millones a cerca de US$500 millones, según cálculos de Bloomberg. Esto ha elevado la presión en los mercados de deuda, con bonos salvadoreños liderando caídas entre emergentes y swaps de incumplimiento crediticio alcanzando máximos en cinco meses. El presidente Nayib Bukele continúa comprando un bitcoin diario, desafiando advertencias del FMI sobre riesgos y falta de transparencia. La segunda revisión del acuerdo por US$1.400 millones con el organismo está suspendida desde septiembre, y una tercera revisión prevista para marzo es clave para nuevos desembolsos. Analistas como Christopher Mejia de T Rowe Price señalan que el FMI podría objetar el uso de fondos para adquirir bitcoin, agravando las preocupaciones de inversionistas. El impacto es crítico para la estabilidad financiera del país, que enfrenta vencimientos de deuda por US$450 millones este año y cerca de US$700 millones en 2027. Aunque indicadores fiscales han mejorado y Moody’s Ratings cambió la perspectiva a positiva, una ruptura con el FMI podría eliminar un pilar clave de respaldo.
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