El presidente electo, José Antonio Kast, ha anunciado que, dentro de sus primeros 90 días en el cargo, buscará impulsar un acuerdo en el Congreso para tipificar la migración irregular como delito. Esta medida, que forma parte de su agenda de seguridad y control fronterizo, tiene como objetivo restringir la libre circulación de quienes crucen la frontera sin cumplir con los procedimientos de autodenuncia establecidos por las autoridades. La futura administración también ha señalado que adoptará una postura «muy dura» contra aquellos que faciliten la migración irregular, incluyendo a quienes transporten, alojen o contraten a migrantes en situación irregular. Esta estrategia busca extender la fiscalización a lo largo de la cadena del crimen organizado que, según el gobierno entrante, está detrás de este fenómeno migratorio. Kast ha expresado su expectativa de que, para marzo de 2026, cuando asuma formalmente la presidencia, todos los migrantes irregulares que deseen regresar a Chile lo hagan a través de vías legales. Este enfoque refleja un intento por equilibrar el control migratorio con la promoción de procesos ordenados, aunque ha generado debate sobre sus implicaciones humanitarias y legales.
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