Enfrentando la mirada de la Contraloría tras el caso Democracia Viva, el Gobierno Regional del Maule, liderado por Cristina Bravo (DC), se ve comprometido por irregularidades en convenios con fundaciones. El informe revela falencias en el control interno, falta de ponderación en la asignación de recursos, y deficiencias en la selección de entidades ejecutoras. La auditoría destaca problemas en convenios con Fundación Tejido Social, Fundación Urbanismo Social, Fundación Semilla y Fundación Participa, sumando un total de $932.8 millones. La Contraloría advierte sobre un sistema débil de asignación de recursos públicos y la ausencia de regulaciones mínimas. Se cuestiona la relación entre los objetivos de las fundaciones y los programas de inversión asignados. También se señalan deficiencias en la identificación de beneficiarios y la falta de experiencia en algunas iniciativas. La Contraloría destaca inconsistencias en giros de actividad económica y traslapes entre objetivos estatutarios y proyectos. Además, se enfoca en las transferencias directas de recursos, señalando que los montos se realizaron posteriormente a lo acordado en los programas de caja. Aunque el Gore del Maule revirtió algunos proyectos, el informe concluye que existe un riesgo en el uso efectivo de los recursos públicos y la satisfacción de necesidades públicas.
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