Las comunidades de Quintero y Puchuncaví enfrentan una crisis sanitaria recurrente, con nuevas intoxicaciones masivas que han afectado a cientos de personas, principalmente menores de edad. Tras la detección de olores intensos a gas y cloro en la bahía, coincidentes con operaciones de carga de hidrocarburos el 29 de septiembre, se registraron 127 atenciones médicas por síntomas como cefaleas, vómitos y mareos en estudiantes y docentes. En total, casi 200 personas han acudido a centros de salud, con más de 100 diagnosticadas con intoxicación T59, clasificación internacional para efectos tóxicos de gases y vapores. En respuesta, Greenpeace y AIDA interpusieron un recurso de protección el 8 de noviembre ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, representando a menores, familias y organizaciones locales. Las abogadas Roxana Núñez de Greenpeace y Juan Francisco Zapata de AIDA argumentan que las autoridades han incumplido sistemáticamente la sentencia de la Corte Suprema de 2019, que ordenó medidas preventivas y correctivas. Este incumplimiento ha perpetuado los episodios de contaminación, vulnerando derechos constitucionales como el derecho a la vida, la integridad física y un medio ambiente libre de contaminación.
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