La Patagonia argentina enfrenta una grave crisis ambiental en 2026, con incendios forestales que han arrasado más de 4.000 hectáreas en provincias como Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Desde principios de enero, los focos activos han obligado a evacuar a más de 3.000 personas, destruido viviendas y amenazado especies endémicas, generando un impacto económico significativo en el turismo estival. Las autoridades locales han confirmado indicios de intencionalidad en algunos incendios, detectando acelerantes como nafta o gasolina, lo que ha llevado a ofrecer recompensas por información sobre los responsables. La emergencia coincide con reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, incluyendo modificaciones a la Ley de Tierras y al régimen de manejo del fuego. Desde diciembre de 2023, se derogaron restricciones que limitaban la tenencia de tierras rurales por extranjeros, y en diciembre de 2025 se anunciaron cambios para eliminar topes a la compra por privados extranjeros, manteniendo solo límites para Estados por seguridad nacional. Críticos, incluyendo ambientalistas y opositores, denuncian que estas medidas podrían facilitar la especulación inmobiliaria post-incendios, beneficiando a grandes inversores extranjeros ya presentes en la región. En medio de la crisis, han surgido sospechas sobre el involucramiento de turistas israelíes en el origen de algunos focos.
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