El sector de la construcción en Chile ha manifestado su preocupación ante la eliminación progresiva del Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC), un beneficio tributario vigente desde 1975 para viviendas sociales. Esta medida, establecida por la Ley 21.420, busca incrementar la recaudación fiscal mediante la reducción de exenciones, con un cronograma de derogación que culminará en 2027. El CEEC permitía a las empresas recuperar parte del IVA en materiales y servicios, actuando como un incentivo clave para proyectos de bajo margen. Sin embargo, su retirada podría elevar los costos de construcción, encarecer las viviendas y agravar el déficit habitacional, afectando a cerca de un millón de hogares. Representantes gremiales, como Sebastián Godoy de la CChC Ñuble, advierten sobre impactos significativos en la accesibilidad y proponen alternativas como ayudas directas a familias para mitigar los efectos. Además, el diputado Frank Sauerbaum ha solicitado una postergación de la medida, argumentando que las demoras administrativas en procesos gubernamentales perjudican a las empresas, especialmente pymes, que planificaron proyectos bajo regímenes anteriores. Esta situación podría desincentivar la participación privada en licitaciones de vivienda social, comprometiendo las metas nacionales de habitación y requiriendo un enfoque más equilibrado en políticas públicas.
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