El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha implementado una nueva normativa que requiere la impresión de boletas electrónicas y comprobantes de pago para todas las transacciones comerciales. Esta medida, destinada a proporcionar un respaldo físico de las compras y combatir la evasión fiscal, podría llevar a la obsolescencia de más de 600 mil terminales de pago que no cuentan con capacidad de impresión. La decisión ha generado críticas en el sector de pagos, especialmente de entidades como Transbank, que argumentan que la medida podría perjudicar principalmente a pymes y pequeños comercios por los costos adicionales y la complejidad de adaptación a un sistema más digitalizado. Además de los retos tecnológicos, la norma ha despertado preocupaciones ambientales por el incremento en el uso de papel y ha suscitado un debate sobre la preparación del comercio para cumplir con estas exigencias sin un impacto significativo en su operatividad. Los gremios comerciales y empresas de tecnología financiera expresan una opinión dividida: mientras algunos ven en la medida un paso adelante para asegurar la formalidad y el control de las transacciones, otros critican la carga adicional que representa para las empresas que ya operan con márgenes ajustados y en un entorno competitivo.
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