El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una tormenta política tras anunciar la reversión de la expropiación de Colonia Dignidad, un sitio emblemático de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La decisión, justificada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, como un recorte presupuestario necesario, ha sido calificada por la oposición como una «bofetada a la memoria» y una señal política que prioriza números sobre justicia. El ministro Poduje explicó que el presupuesto de su cartera está comprometido en un 97% por deudas previas y un recorte del 3% ordenado por Hacienda. Ante esto, determinó recuperar fondos de proyectos «faraónicos» o «extremadamente complejos», entre los que incluyó la expropiación de Colonia Dignidad, valorada en aproximadamente $47.000 millones. José García Ruminot, ministro Secretario General de la Presidencia, respaldó la medida, asegurando que responde «estrictamente por razones financieras» y no afecta compromisos internacionales. La reacción opositora fue inmediata y contundente. El exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) denunció que la reversión es una «bofetada directa a la memoria de las víctimas». Parlamentarios como Raúl Leiva (PS), Lorena Pizarro (PC) y Carlos Cuadrado Prats (PPD) acusaron al gobierno de usar el argumento fiscal para desvirtuar sus problemas y borrar la historia de la dictadura.
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