El gobierno chileno ha presentado formalmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un plan de desalojo para la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, estableciendo que la intervención no comenzará antes de enero de 2026. Esta decisión responde a razones humanitarias y operativas, en línea con una exigencia judicial que obliga al Ejecutivo a detallar cronogramas y garantizar albergues para las más de 10.000 personas afectadas, incluyendo más de 3.000 niños. El tribunal ha enfatizado la necesidad de equilibrar el cumplimiento del fallo con la protección de derechos fundamentales, impulsando una política pública que integra desalojos con alternativas habitacionales permanentes. En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) avanzó en la expropiación de aproximadamente 110 hectáreas mediante el decreto exento N° 88, publicado el 3 de diciembre de 2025. Este instrumento legal autoriza la adquisición de terrenos para desarrollar el Plan Habitacional Cerro Centinela, destinado a ofrecer soluciones definitivas al 90% de las familias. La expropiación se justifica por la imposibilidad de acuerdos con propietarios, los altos costos sociales y la falta de terrenos alternativos, con una diferencia de cerca de $6 mil millones en las valoraciones.
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