El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno instruyó a la Tesorería General de la República iniciar el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos superiores a $1,5 millones brutos mensuales, un segmento que representa aproximadamente el 20% del total de morosos. La medida, anunciada tras un seminario organizado por Diario Financiero, busca recuperar una deuda que ha aumentado de $500 mil millones en 2018 a $4 billones actualmente, según cifras presentadas por el secretario de Estado, quien advirtió que la morosidad ha crecido ocho veces y cuestionó la concepción del crédito como un derecho social. La orden desató un choque político inmediato en el Congreso. Desde el oficialismo, el diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicanos), y el diputado y presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), respaldaron la medida, argumentando que es responsabilidad de quienes tienen trabajo devolver los recursos para que otros puedan estudiar. En cambio, la oposición criticó el enfoque, con la diputada Daniela Serrano (PC) pidiendo retomar la conversación sobre el fin al CAE, y el senador Diego Ibañez (FA) señalando que cobrar a la clase media no resuelve el problema de fondo, mientras otros como la diputada Emilia Schneider (FA) abogaron por condonar las deudas.
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