El gobierno de José Antonio Kast busca implementar controles más estrictos en los colegios chilenos, una respuesta directa a la creciente violencia escolar que culminó con el asesinato de una inspectora en Calama. El Presidente anunció que llevarán al Congreso medidas que antes eran muy resistidas, mientras la ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló las propuestas tras un caso que dejó tres alumnos y otra funcionaria heridos, además de 40 estudiantes solicitando apoyo psicológico. Entre las iniciativas, el Ejecutivo avanza en reglamentos para permitir la instalación de detectores de metales una vez promulgada la Ley de Convivencia Escolar, que está en proceso de toma de razón. Paralelamente, prepara un proyecto de ley adicional para habilitar la revisión de mochilas por equipos escolares, una práctica que actualmente un dictamen impide, y fortalecer herramientas pedagógicas para que los docentes enfrenten conflictos y se refuerce su autoridad. Estas medidas representan un giro en la política educacional, apuntando a equilibrar seguridad con aspectos pedagógicos en un contexto donde la violencia escolar ha escalado. Su implementación podría redefinir la convivencia en los establecimientos, impactando a estudiantes, profesores y familias, mientras el gobierno busca agilidad para responder a crisis urgentes como la de Calama.
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