El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una decisión crítica: cómo y cuándo retirar a las Fuerzas Armadas de la Macrozona Sur, donde el estado de excepción lleva 1.416 días. El ministro de Defensa, Fernando Barros, ha planteado públicamente la necesidad de una ‘desescalada’ para volver a la normalidad, mientras el Ejecutivo analiza si las condiciones de seguridad actuales lo permiten. La presión no es solo política: existe una preocupación interna por el desgaste de los militares desplegados, que podría traducirse en retiros voluntarios o más licencias médicas. En el centro del análisis están cifras que muestran una realidad distinta a la de 2021. Según datos de Carabineros presentados al Congreso, los hechos de violencia rural han disminuido un 80% en los últimos cinco años. Además, se ha logrado la detención de líderes de organizaciones delictuales en la zona. El gobierno evalúa que Carabineros y la PDI están ahora más capacitados y dotados para asumir el control de la seguridad sin apoyo militar, un factor clave para cualquier retirada. El posible plan de desescalada tiene dos caminos. Uno sería levantar gradualmente el estado de excepción provincia por provincia. La otra opción, más radical, sería que el gobierno simplemente no renueve la medida cuando expire a fines de abril, poniendo fin a cuatro años de presencia militar continua. Cualquier decisión, según fuentes gubernamentales, se tomará basada en un análisis ‘acabado y realista’ de la situación, con abril como mes clave para definir el futuro de la seguridad en el sur del país.
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