El gobierno del presidente Kast se vio forzado a un control de daños tras una publicación oficial que calificó al Estado como «en la quiebra» para justificar el alza de las bencinas. La polémica escaló cuando la Contraloría General de la República anunció un oficio para investigar el uso de recursos públicos en esas comunicaciones, requiriendo a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) informar sobre el personal involucrado y el fundamento de las publicaciones en un plazo de cinco días hábiles. La responsabilidad recayó en Cristian Valenzuela, director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, quien envió la bajada comunicacional a la Secom. Aunque la publicación fue eliminada, ministros clave como Jorge Quiroz de Hacienda y Claudio Alvarado del Interior tomaron distancia pública de la expresión, calificándola como «económicamente errada» y «un término más coloquial». La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, también criticó el planteamiento durante una comisión del Senado. El impacto trasciende lo comunicacional: revela tensiones internas en la coordinación entre Presidencia y ministerios, con la Secom recibiendo instrucciones directamente del Ejecutivo. El artículo señala que en La Moneda reconocen que faltó «socializar» la formulación, aunque no hay claridad sobre si se cobrarán responsabilidades o cambiarán los métodos de funcionamiento. El episodio ocurre en medio del debate sobre las modificaciones al Mepco y su efecto en el precio de los combustibles, un tema ya sensible para el gobierno.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
