El gobierno del Presidente José Antonio Kast da un giro estratégico al cancelar una auditoría externa internacional que era una promesa clave de campaña, argumentando un ‘costo enorme’ en medio de una ‘estrechez fiscal’ que califican como peor de lo esperado. La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, confirmó la decisión, revelando que en lugar de contratar firmas auditoras de primer nivel mundial, el Estado utilizará sus ‘herramientas internas’ con más de mil auditores revisando más de 500 servicios públicos. La auditoría, anunciada en abril del año pasado, tenía como objetivo identificar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas en cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública. Sin embargo, la Subsecretaría general de la Presidencia informó que el proyecto se desecha debido a la situación de las finanzas públicas, optando por continuar con los recursos propios del Estado. Sedini defendió la medida como ‘la mejor decisión’ para ‘resguardar los recursos de todos los chilenos’ mientras se cumple con la promesa de transparencia. Este cambio representa un riesgo político significativo, ya que la auditoría era un compromiso adquirido ‘desde el primer día de gobierno’ y simbolizaba la lucha contra la corrupción y el mal uso de fondos públicos.
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