El Ministerio de Vivienda lanzó una ofensiva regulatoria para enfrentar una crisis que tiene paralizado al sector inmobiliario: con más de 100 mil unidades nuevas sin vender y un déficit habitacional que supera las 500 mil viviendas, la cartera presentó cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el objetivo concreto de reducir entre 10% y 15% el precio real de las viviendas nuevas. La minuta del Minvu propone cinco medidas centrales: extender la vigencia de permisos de edificación de 3 a 6 años, aumentar la densidad habitacional reduciendo el guarismo para convertir habitantes por hectárea en viviendas, reducir exigencias de estacionamientos cerca de transporte masivo, facilitar la figura de conjunto armónico con más premios de constructibilidad, y permitir que proyectos ya aprobados puedan acogerse a las nuevas reglas. Además, incluye normas especiales para agilizar reconstrucción en zonas de catástrofe. El impacto potencial es significativo para un mercado donde el precio de las viviendas nuevas ha subido 126% en términos reales desde 2008, mientras los salarios solo crecieron 42%. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su director ejecutivo Alfredo Echavarría valoró la dirección pero advirtió que el efecto real dependerá de los textos finales.
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