A dos días del vencimiento del plazo judicial para el desalojo del campamento Cerro Centinela en San Antonio, el Gobierno de Chile ha anunciado una medida excepcional: la expropiación de 100 hectáreas del predio ocupado, con el objetivo de implementar un proyecto habitacional definitivo para las más de 10.000 personas residentes. Esta decisión surge tras el fracaso de las negociaciones con los propietarios, quienes rechazaron una oferta basada en tasaciones comerciales y exigieron el doble del valor. La iniciativa, que involucra al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Serviu de la Región de Valparaíso, busca mitigar una crisis humanitaria y social, evitando el desplazamiento forzoso de miles de familias. El campamento, establecido en 2019, abarca 215 hectáreas y alberga a 4.136 hogares, incluyendo más de 3.000 niños y adolescentes. Aunque el desalojo sigue vigente por mandato legal, con un plan de acción que debe presentarse el 4 de diciembre, el gobierno prioriza una solución integral. Las familias se han organizado en 40 cooperativas de vivienda, agrupadas en una federación, para facilitar acuerdos y gestionar alternativas. Este caso subraya los desafíos de la planificación urbana y la necesidad de políticas públicas que equilibren derechos de propiedad con emergencias sociales, en un contexto de creciente presión habitacional en Chile.
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