El gobierno chileno ha dado un paso decisivo en su agenda legislativa al otorgar urgencia de discusión inmediata a la reforma política impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Esta iniciativa, que busca fortalecer la gobernabilidad mediante la limitación en la creación de nuevos partidos y el control del fenómeno conocido como «discolaje», recibió un amplio respaldo en el Senado este martes. Ahora, el proyecto se traslada a la Cámara de Diputados, donde enfrenta un escenario más complejo debido a la mayor presencia de parlamentarios independientes y de partidos minoritarios, quienes han mostrado resistencia a cambios en el sistema político. En paralelo, otra reforma política complementaria, diseñada por un grupo transversal de senadores, permanece congelada en la Cámara desde septiembre de 2025. Esta propuesta incluye modificaciones constitucionales para establecer causales de cesación del cargo a legisladores que renuncien a su partido o bancada, así como la implementación de un umbral del 5% de los votos para acceder a la representación parlamentaria. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, grupos disidentes intentaron enviar el proyecto gubernamental a la Comisión de Constitución, donde existen más votos en contra, pero esta maniobra fue rechazada.
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