El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha puesto urgencia simple a una reforma que busca homologar las reglas de licencias médicas entre el sector público y privado, un cambio que elimina un beneficio histórico para los funcionarios estatales y que enfrenta una fuerte resistencia de gremios y parte de la oposición. La iniciativa, ingresada en julio del año pasado, había quedado pausada tras la presión de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), pero ahora retoma su tramitación en medio de un debate sobre el costo fiscal y los derechos laborales. El proyecto establece que todos los trabajadores, públicos y privados, tendrán dos días sin pago por licencia médica, reduciendo los actuales tres días del sector privado. Además, elimina el pago total del sueldo durante el reposo para los funcionarios públicos y redefine la remuneración diaria como una 13ava parte del sueldo bruto, salvo en casos como licencias maternales o por accidentes laborales. La reforma también refuerza las herramientas de fiscalización de la Compin, permitiéndole cruzar datos con instituciones públicas y privadas para auditar el uso de licencias, similar a lo realizado por la Contraloría en investigaciones anteriores. Fonasa, a través de su director César Oyarzo, calcula que la medida generará una reducción fiscal de 180 mil millones de pesos, argumentando que busca controlar el gasto en subsidios.
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