El Ministerio de Justicia convocó una reunión de emergencia tras dos nuevos casos de liberaciones por error en Santiago y Valparaíso, que elevan a ocho las situaciones similares en los últimos meses. El subsecretario Ernesto Muñoz anunció el endurecimiento inmediato de protocolos, centrado en reforzar el principio de doble revisión previo a otorgar libertades, que aunque ya existía en los reglamentos, «no se ha estado implementando» por los funcionarios. La medida incluye la suspensión de vacaciones del alto mando de Gendarmería, quienes deberán verificar personalmente que las instrucciones lleguen «hasta el último funcionario o funcionaria». Muñoz advirtió que se aplicará «responsabilidad en todas las líneas», con destituciones ya cursadas contra los involucrados directos y también contra jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no ejerzan el control necesario. El escándalo expone fallas críticas en el sistema penitenciario que comprometen la seguridad pública, mientras el gobierno busca contener el daño institucional. La exigencia de dejar constancia escrita de cada revisión busca crear trazabilidad, pero la acumulación de casos sugiere problemas estructurales que van más allá de errores aislados. Las autoridades deberán ahora demostrar que las medidas son efectivas, en un contexto donde la credibilidad de Gendarmería está en entredicho. El despliegue de subdirecciones para supervisar la implementación marca un intento por recuperar control, pero el verdadero test será si se detiene la cadena de liberaciones erróneas.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
