El sistema penitenciario chileno enfrenta una crisis de seguridad que pone en jaque el control de las cárceles. Ayleen Amaro, presidenta de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería y vocera del Frente de Trabajadores Penitenciarios, revela que hoy solo hay uno o dos gendarmes para custodiar a cerca de 200 internos, una proporción que complejiza el manejo de la violencia y la corrupción. Esta precariedad se suma a muertes violentas al interior de los recintos, liberaciones erróneas y una reforma constitucional gubernamental que genera incertidumbre entre los funcionarios. La situación obedece a múltiples factores, según Amaro: condiciones laborales precarias, escaso respaldo estatal y el poder económico del crimen organizado. La dotación de personal no ha aumentado desde 2010, mientras la población penal creció de 42 mil a 64 mil internos sin ampliación de infraestructura. El gobierno priorizó la densificación de cárceles existentes en lugar de construir nuevas, lo que agrava el hacinamiento y dificulta la segregación de reos. El impacto es directo en la seguridad pública: la falta de control puede desencadenar más violencia y corrupción, mientras la reforma constitucional podría provocar renuncias masivas de gendarmes, según advierte la vocera.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
