El Senado aprobó una reforma constitucional que redefine el estatus de Gendarmería, trasladando su dependencia del Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública. Con 41 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la iniciativa incorpora a la institución penitenciaria dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad, un cambio que modifica su régimen jurídico y genera efectos inmediatos en su personal. La reforma limita el derecho a asociación de los funcionarios de Gendarmería, disolviendo sus asociaciones gremiales. Durante la discusión, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió esta medida argumentando que asegura la neutralidad política y disciplina del personal, alineándolo con las otras fuerzas de seguridad. Se rechazaron indicaciones que buscaban mantener asociaciones para funcionarios no uniformados, aprobándose finalmente la propuesta de la comisión de Constitución. Este cambio institucional tiene consecuencias directas para los más de 25.000 funcionarios de Gendarmería, quienes perderán su capacidad de negociación colectiva. Además, establece una inhabilidad para que el director nacional de Gendarmería pueda ser candidato a diputado o senador, reforzando la separación entre la institución y la política partidista. Tras su despacho por el Senado, la reforma constitucional queda en condiciones de ser promulgada, completando un proceso que modifica la estructura de seguridad del Estado y redefine el estatus de una de sus instituciones más antiguas.
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