La designación de Romina Garrido como futura subsecretaria de Telecomunicaciones del gobierno de José Antonio Kast enfrenta una tormenta política a días del cambio de mando. Una denuncia ante la Contraloría General de la República revela que la funcionaria mantuvo simultáneamente tres contratos con el Estado y una deuda por licencias médicas no reintegrada durante cuatro años, saldada apenas días antes de su anuncio oficial. Según la denuncia presentada el 24 de febrero, Garrido prestó asesorías jurídicas simultáneas a las subsecretarías de Salud Pública, Transporte y Telecomunicaciones, con contratos que coincidieron en diciembre de 2019. Los registros muestran remuneraciones que llegaron hasta $2,6 millones mensuales en Transporte, mientras que en Telecomunicaciones recibió $450 mil mensuales por asesorías en Televisión Digital. La denuncia calcula que para cumplir las tres funciones habría necesitado una jornada de 17 horas diarias, aunque las subsecretarías no proporcionaron información sobre las horas contratadas. El caso expone riesgos de conflictos de interés y falta administrativa que podrían afectar la credibilidad del nuevo gobierno. Además de la superposición de contratos, se cuestiona que Garrido asesorara la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una sociedad comercial en el mismo rubro.
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