La Fiscalía Regional de Ñuble elevó la tensión en el sistema judicial chileno al presentar una querella de capítulos contra la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, por su presunta participación en una red de corrupción. La acción legal busca formalizar a la magistrada, quien ya está imputada por prevaricación, en un caso que involucra a dos abogadas y sus esposos, incluyendo un exfiscal y un exdefensor penal. Según la Fiscalía, la jueza habría intervenido en causas donde las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, descritas como sus amigas personales, representaban a imputados por narcotráfico. La Corte de Apelaciones de Concepción debe ahora solicitar los descargos por escrito de Palomera antes de citar a una audiencia para escuchar alegatos del Ministerio Público y su defensa. El caso expone grietas en la integridad judicial regional, con implicaciones directas para la confianza pública y el manejo de causas sensibles como el tráfico de drogas. La investigación judicial en curso podría ampliarse, ya que se anticipa una segunda querella contra el destituido fiscal Rodrigo Durán, acusado de violación de secreto por entregar antecedentes reservados a su cónyuge Andrea Romero. La resolución de este proceso determinará no solo el futuro profesional de los imputados, sino también la capacidad del sistema para abordar redes de corrupción interna, un desafío crítico para la transparencia en la justicia chilena.
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