La Fiscalía Metropolitana Oriente inicia este lunes un proceso judicial masivo contra 359 funcionarios públicos, acusados de utilizar licencias médicas falsas. La investigación, que se extiende por aproximadamente seis audiencias, comenzará con un primer grupo de 49 imputados y busca aplicar medidas cautelares por los delitos de obtención de documentos falsos y fraude de subvenciones. La causa se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República de mayo de 2025, que reveló que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios salieron del país y 13.286 asistieron a casinos durante sus periodos de reposo médico. Las diligencias identificaron a médicos catalogados como grandes emisores de licencias y a tres centros de salud vinculados: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, donde se habrían emitido documentos sin respaldo de atenciones reales. El fraude generó un perjuicio económico directo al sistema público de salud, particularmente a Fonasa, al desviar recursos destinados a subsidios por incapacidad laboral. Este caso expone una vulnerabilidad sistémica en el control del ausentismo en el sector público, con implicancias presupuestarias y de confianza institucional. El proceso de formalización marca el inicio de la etapa judicial, donde el Ministerio Público deberá sustentar las acusaciones. Su desarrollo podría sentar precedentes para futuras investigaciones sobre irregularidades similares en la administración pública.
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