Argumentando “posibles vínculos entre el Mandatario y el financiamiento irregular de su campaña”, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, insistió en su solicitud de interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric en la investigación del caso ProCultura, pedido que el tribunal rechazó por falta de fundamentos. La Fiscalía basó su petición, en que los convenios de ProCultura con el Estado aumentaron significativamente en 2022 y 2023, y que su fundador, Alberto Larraín Salas, habría usado fondos públicos en la campaña de Boric. Además, se mencionan transacciones entre la fundación y la expareja del Presidente, Irina Karamanos, quien declaró como imputada. Cooper defendió su solicitud de “pinchar” el celular del Jefe de Estado, señalando que “el Presidente habría intermediado en la defensa de otras imputadas”. El Fiscal de Coquimbo, afirmó que “la medida es clave para determinar su posible implicación en delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias”. Asimismo, el fiscal destacó que “una conversación entre otras imputadas refuerza la sospecha sobre el uso de fondos de ProCultura en la campaña presidencial”. En dicha conversación, se habría mencionado explícitamente que “parte del dinero fue destinado a gastos electorales”, lo que a su juicio justifica la necesidad de profundizar en la investigación.
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