Tras conocerse el informe entregado por Contraloría, que acreditaría que 58 pensiones de gracia entregadas a individuos que hoy gozan de ellas, las habrían recibido personas que cuentan con antecedentes penales y condenas por «delitos violentos”, este viernes se abrió un nuevo capítulo en torno al tema. Fue la Fiscalía Nacional quién confirmó que se abrió una investigación de oficio ante eventuales delitos cometidos en la entrega de pensiones de gracia. A través de una declaración pública, el organismo persecutor informó que «el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes necesarios y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”. De esta forma, la Fiscalía recoge el guante arrojado por el informe de Contraloría y decide investigar posibles delitos en torno a la entrega de estas pensiones de gracia, especialmente las dadas tras el “estallido social”. Para ello, el Ministerio Público designó al fiscal Marcos Pestén, quien recientemente asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. La investigación se centrará si se acreditan conductas dolosas, o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares, previstas en el Código Penal.
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