Suspendida por un mes, resultó la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, y la funcionaria que la acompañó en el tribunal el pasado 9 de julio, cuando erróneamente se le concedió la libertad al sicario venezolano, Alberto Mejía, quién fue formalizado junto a otros dos cóimputados por el presunto sicariato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el «Rey de Meiggs». La medida fue adoptada por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quién decidió suspender de sus funciones a la Jueza Rodríguez y a su subalterna, para resguardar el éxito de la investigación. Una autoidentificación falsa, dardos cruzados entre el Poder Judicial, Gendarmería y el Ejecutivo y una orden de libertad, son algunos de los eslabones en la cadena de hechos que llevaron a la liberación del sicario venezolano de 18 años, quién hoy se encuentra inubicable hasta el momento, tras huir del país. El imputado tras obtener su libertad, habría pagado más de 2 millones y medio de pesos a un taxista,, para que lo llevara desde Estación Central hacia Iquique, para luego bajo una nueva falsa identidad, salió del país hacia Perú. Tras el bochornoso hecho, que ha manchado la imagen de todo el aparataje estatal, Interpol emitió una alerta roja internacional Para lograr su captura.
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