El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, ha expresado fuertes críticas hacia la legislación actual que rige la investigación de delitos en el país, calificándola de ineficiente y desfasada. En una entrevista reciente con Radio Duna, Valencia destacó que, bajo el marco legal vigente, incluso para investigar un hurto de artículos de bajo valor como un paquete de papas Lays, se requiere una orden de un fiscal, un procedimiento que considera absurdo y que obstaculiza la agilidad en la justicia. Este ejemplo ilustra lo que él describe como una «ley mala» que satura el sistema y dificulta la atención a casos de mayor relevancia social. Valencia argumentó que esta normativa contribuye a la sobrepoblación carcelaria y a la falta de resolución oportuna de delitos comunes, como robos de vehículos, donde las víctimas a menudo reciben respuestas negativas de las policías debido a las limitaciones legales. Propuso otorgar mayores atribuciones a las fuerzas policiales, similar a lo que ocurre en naciones desarrolladas como Canadá, Estados Unidos y varios países europeos, donde no se necesita autorización judicial para iniciar diligencias investigativas. Según el fiscal, este cambio podría descongestionar la Fiscalía, que actualmente maneja alrededor de 1,6 millones de casos anuales, evitando que se convierta en un «call center gigante». Su postura subraya la urgencia de modernizar el sistema para mejorar la eficiencia y la confianza pública en la justicia.
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