La extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile, un proceso clave para el juzgamiento de crímenes históricos, enfrenta un nuevo obstáculo que mantiene en suspenso su traslado. Aunque el plazo de notificación del Ejecutivo argentino venció el jueves 13 de marzo, la decisión final ahora depende de un magistrado que evalúa factores más allá de lo diplomático. Para oficializar la extradición falta únicamente la firma y orden del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 de Buenos Aires. El retraso se debe a que el magistrado está analizando el cuadro clínico de Apablaza, quien según su defensa padece cáncer de próstata, diabetes, requiere cirugía de cataratas y una operación de rodilla por problemas de movilidad. La Policía de Investigaciones de Chile ya tiene preparado el avión para el traslado, pero no hay fecha establecida. La Unión Demócrata Independiente (UDI) sigue de cerca el caso, con figuras como el exdiputado Christian Moreira manifestando su deseo de que Apablaza sea juzgado en territorio nacional por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards. El diputado Daniel Lilayú señaló que este es un anhelo para la familia Guzmán, la UDI y la justicia chilena. Una vez concretada la extradición, Apablaza será puesto a disposición de la ministra Paola Plaza, quien lleva el proceso judicial en Chile. El caso representa una prueba para la cooperación judicial internacional y la posibilidad de cerrar capítulos pendientes de la historia reciente del país.

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