El gobierno de José Antonio Kast enfrenta un desafío clave en su plan de ajuste fiscal: la creencia de que el 92% del gasto público está amarrado por ley y es intocable. Un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) cuestiona esa premisa, revelando que la rigidez no es uniforme y que existen amplios espacios para reasignar recursos sin necesidad de cambios legislativos. Esto pone en tensión el argumento de que recortar el presupuesto es casi imposible por trabas legales. El análisis detalla que, para 2026, el 73% del gasto total está comprometido vía ley, pero la distribución es heterogénea. Mientras ministerios como Trabajo (94%), Educación (93%) y Transporte (88%) muestran altos niveles de gasto permanente, otros 13 presentan un gasto definido por ley inferior al 20%. Entre ellos figuran Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Interior, de la Mujer, Cultura, Medio Ambiente, Economía, Minería, Energía, Bienes Nacionales, Deporte y Ciencia. Para LyD, esta información demuestra que la consolidación fiscal no debe entenderse solo como un recorte, sino como una oportunidad para mejorar la calidad del gasto público.
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