Como “un acto criminal y de piratería”, calificó este lunes el Gobierno de Nicolás maduro, la incautación del avión presidencial de Venezuela, por parte de la Justicia norteamericana. La nave, un Dassault Falcon 900, con un valor estimado de US$ 13 millones, había estado en mantenimiento en la República Dominicana en los últimos meses. La medida realizada en base a una orden del Poder Judicial norteamericano y no del gobierno de Joe Biden, se produjo en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre el régimen chavista: “Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley”, dijeron funcionarios judiciales de Washington, quienes informaron que el avión presidencial venezolano, fue llevado hasta el Estado de Florida, donde será resguardado hasta nuevo aviso. “Las autoridades de los Estados Unidos, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”, señalan en un comunicado emanado desde el gobierno venezolano. “Esta no es una acción aislada. Venezuela se respeta y continuará defendiendo con firmeza su dignidad y su soberanía”, cerraron desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.
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