Una empresa que figura con apenas tres trabajadores y sin domicilio operativo real recibió más de $15 mil millones del Estado de Chile por contratos relacionados con la emergencia del megaincendio de 2024. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en siete contratos firmados entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces encabezada por Sofía González (PC), y San Nicolás SpA, por $6.725 millones para arriendo de maquinaria pesada. La misma empresa también obtuvo contratos por demolición con el MOP, sumando ingresos totales de $8.252 millones entre ambas entidades públicas. La investigación reveló que, pese a los millonarios ingresos, San Nicolás SpA pagó solo $3 millones en cotizaciones previsionales entre enero de 2023 y marzo de 2025, según la Superintendencia de Pensiones. Esto se debe a que el 100% de los servicios prestados a la DPR y al MOP fueron tercerizados. Detrás de la firma está Pedro Briones González (43), pero los únicos accionistas son Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25. Avilés, con solo 19 años al momento, firmó el primer contrato millonario con la delegación en julio de 2024. La empresa operaba desde direcciones que, según una verificación en terreno de Contraloría, correspondían a un centro de estética y una oficina contable en Concepción, sin patente comercial en esas comunas.
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