Tras una orden judicial, el gobierno chileno convocó una reunión de emergencia en La Moneda para abordar el inminente desalojo de la megatoma en San Antonio, programado para el jueves 27 de febrero a las 10:00 am. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha exigido la evacuación de aproximadamente 10 mil personas que residen ilegalmente en el área, lo que ha generado una situación crítica para las autoridades que aún no tienen una solución habitacional para los afectados. Representantes del gobierno, incluidos el ministro de Vivienda Carlos Montes y la subsecretaria de Servicios Sociales Francisca Gallego, discuten alternativas para evitar la intervención de Carabineros ante la falta de personal y recursos adecuados para gestionar el desalojo. El gobierno busca desesperadamente tiempo para negociar con los propietarios de los terrenos y explorar soluciones habitacionales a largo plazo para los ocupantes. En el encuentro también se planteó la posibilidad de que los residentes, organizados a través de cooperativas, adquieran los terrenos. Esta estrategia se considera como una alternativa viable para evitar un desalojo forzoso que podría resultar en una crisis humanitaria, dada la alta vulnerabilidad social de muchos de los habitantes del campamento. El ministerio de Vivienda, por su parte, ha preparado informes detallados para presentar ante la Corte con el objetivo de obtener más tiempo para encontrar una solución pacífica y justa.
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