En los últimos días, la discusión en torno a la eliminación de la UF ha ganado tracción. Pero, como suele ocurrir en temas complejos, las soluciones simples pueden generar consecuencias no deseadas, especialmente para quienes más necesitan estabilidad económica.
Desde 1967, su principal función es precisamente ofrecer un mecanismo de ajuste frente a la inflación, usando como referencia su variación pasada. Este sistema ha facilitado el desarrollo de un mercado de crédito a largo plazo, permitiendo a los inversionistas proteger el valor de sus fondos y a los consumidores acceder a condiciones más accesibles.
Eliminar este mecanismo no eliminaría la inflación. Lo que sí haría es trasladar esa inestabilidad directamente al consumidor, obligando a proveedores financieros, inmobiliarios o de servicios a incorporar mayores márgenes de riesgo en sus precios. Sin un sistema automático de ajuste, los prestamistas e inversionistas tendrían que anticipar la inflación futura, lo que probablemente derivaría en tasas nominales más altas para cubrir la incertidumbre.
Uno de los factores que ha alimentado este debate es el uso extendido de la UF en cobros de corto plazo, como mensualidades escolares o planes de salud. En este sentido, más que eliminarla, lo primero debería ser regular y acortar adecuadamente su uso, para que recupere su propósito original.
En lugar de eliminar la UF, el verdadero desafío está en mejorar la educación financiera, aumentar la transparencia en su uso y facilitar herramientas que permitan a las personas visualizar de forma clara cómo evoluciona su dinero en el tiempo. La tecnología puede jugar un rol clave en eso.
Eliminar la UF sería como sacar los cinturones de seguridad porque incomodan: puede parecer liberador al principio, pero deja a todos más expuestos. Si realmente queremos proteger a los consumidores, el camino es fortalecer los instrumentos que brindan estabilidad, no desmantelarlos.
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